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Sinú al Día

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Foto ilustrativa tomada de Internet.

Opinión

Daños, perjuicios: Cambio Climático y responsabilidad del Estado

Por: José Javier De la Hoz.

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Ahora bien en el país existe toda una legislación que obliga a los entes territoriales a adoptar medidas tendientes a lograr una verdadera adaptación al cambio climático, en ese sentido encontramos  la ley 1523 del 2012 a través de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres  luego se expide el decreto ley 019 del 2012 el cual en su artículo 189 estableció que la gestión del riesgo se debía incorporar a los planes de ordenamiento territorial, posteriormente se expidió el decreto 1807 del 2014 (compilado en el decreto 1077 del 2015) el cual incorporo las escalas y como se debe hacer la gestión del riesgo, pero también debemos sumar el documento CONPES 3700 del 2011 a través del cual se expidió la estrategia interinstitucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia, y otras mas, en fin, en normatividad somos campeones mundiales, esto sin mencionar toda la información que reposa en los archivos del IDEAM y la UNGRD (UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES) lo que nos permite formular un interrogante, ¿si se podrá seguir hablando de eventos imprevisibles o por el contrario  las autoridades estatales incurrieron en omisión que genera responsabilidad patrimonial del estado conforme al articulo 90 de la Constitución Política?.

No se  puede  seguir argumentado que el estado no es responsable de los daños causados por una inundación o avalancha cuando se contaba con la información técnica y científica que permitía prever  la ocurrencia de un daño antijurídico, si por ejemplo en el POT no se incorporo la gestión del riesgo, que no es otra cosa sino la materialización de las normas que permiten la adaptación al cambio climático, la jurisprudencia internacional avanza en ese sentido.

Es ilógico seguir argumentando que estos eventos son imprevisibles por cuanto los riesgos y el aumento de los mismos están lo suficientemente documentados en las  entidades estatales esto se traduce en la prueba del nexo causal entre los daños causados y la falta de actuación de las autoridades frente al riesgo previamente conocido.

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