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Alcalde de San Bernardo del Viento Elber López es investigado por la Fiscalía

El caso del mandatario del municipio costanero de San Bernardo del Viento Elber López, es más común de lo que se cree, y que para muchos entendidos en política es la forma de «pagar el favor», El mandatario fue imputado por adjudicar seis contratos por más de $670 millones al señor Pedro Antonio Negret, quien habría aportado cerca de $7 millones a su campaña 2015.

La investigación iniciada por parte de la Fiscalía General de la Nación advierte presuntos delitos electorales por parte del mandatario al adjudicar los  contratos por más de $670 millones.

Es de anotar que el ente acusador, también imputó cargos a dos alcaldes del departamento del Chocó,  y a uno de Cundinamarca, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por más de 3.700 millones de pesos.

En todos los casos, los fiscales y los investigadores de la Dirección Especializada contra la corrupción ponen al descubierto complejos entramados que afectan los procesos democráticos.

En el departamento del Chocó, se imputó a los alcaldes de Bojayá y Bajo Baudó, Jeremías Moreno y Jhon Jared Murillo, respectivamente, por otorgar contratos a quienes habrían financiado sus campañas electorales en el año 2015.

Para el caso de Bojayá, la Fiscalía evidenció que el actual alcalde, Jeremías Moreno habría entregado contratos por más de 900 millones de pesos para el suministro de insumos y servicios al señor Eberto Unfried Machado, quien donó cerca de siete millones de pesos para su campaña, violando el régimen de topes de financiación.

En el municipio de Bajo Baudó, Chocó, el actual alcalde Jhon Jared Murillo habría entregado contratos por $353 millones y por $345 millones a los señores Eladio Urrutia y Yesid Salazar, quienes habrían financiado la campaña electoral con sumas cercanas a los 5 y 3 millones de pesos, respectivamente.

En Cundinamarca, el ente investigador encontró que en el municipio de Vergara se otorgaron contratos a dos financiadores de la campaña de la actual primera mandataria, Ana María Mahecha Olarte.

Cuatro de los contratos de obra de Vegalarga fueron entregados a la señora Martha Jazmín Castillo Lugo, por un monto superior a los $1.558 millones; mientras que tres contratos de alquiler de obra se adjudicaron a Jesús Alexánder Cifuentes Arias, por $31 millones.

Los dos favorecidos habrían entregado sumas cercanas a los 5 y 9 millones de pesos para financiar la campaña de la actual alcaldesa. En este caso, además de la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se estudia la posible comisión del delito de falsedad en documento privado.

 

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