En un caso sin precedentes el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, condenó a la pena de cuatro años, tres meses -en detención domiciliaria- y el pago de una multa de 47 millones 533 mil 858 pesos -para cada uno- a tres médicos y un enfermero por la desatención médica y muerte de una menor de 14 años en la clínica Montería de esta ciudad.

El ente judicial expresa que los sentenciados, por homicidio culposo, son los médicos Carlos Mario Camargo Correa, Rafael Ignacio Martínez Jiménez y Adriana Margarita Buelvas Bustillo; lo mismo que el enfermero Juan Carlos Gómez Flórez.

La sentencia precisa que la niña Saleth Kaliope Espitia Villadiego, de 14 años, estuvo recluida en el centro asistencial, entre las 3:00 de la tarde del lunes 19 de abril y las 10:45 de la mañana del martes 20 del mismo mes de 2010.

En ese lapso, la menor fue víctima de desatención y procedimientos médicos equivocados, errados e inadecuados por parte del personal médico y paramédico que la atendió después de haber ingresado a urgencias con fiebre y dolor de cabeza y salir sin vida del centro asistencial.

A la paciente le aplicaron dos dosis del medicamento Dipirona y una dosis de Diclofenaco las cuales le causaron una reacción alérgica a los medicamentos tal y como está documentado claramente en la historia clínica.

La institución judicial dice que a esa situación no se le dio el manejo acorde con los protocolos médicos, los cuales de haberse aplicado se hubiese evitado la muerte de la menor Saleth Kaliope Espitia Villadiego.

Pero no obstante a la alergia de los medicamentos, le dieron de alta y la mandaron para la casa sin atender y atacar en debida forma esa situación, tal y como lo indican los protocolos médicos.

Más tarde, la menor regresó con el cuadro alérgico más grave y en vez de resolverse el problema como lo indican los mismos protocolos. Lo que se hizo fue agravarlo con la desatención que se le prestó y aplicándole otra dosis de Dipirona.

Esto no solo estaba contraindicado, sino que era mortal, lo que así sucedió, pues agravó la situación de la paciente y esta falleció, no obstante haber sido ingresada a la UCI, lo cual se hizo cuando ya era demasiado tarde.

Las cuatro personas imputadas se encuentran en libertad, pero la pena tendrán que pagarla en detención domiciliaria. Asimismo, habrá inhabilidad de 51 meses -para cada uno de ellos- para ejercer derechos y funciones públicas. El fallo es de primera instancia y procede el recurso de apelación.