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Foto ilustrativa tomada de actualicese.com

Opinión

Ley de Financiamiento: Normatividad que tiene convulsionado al país

LA LEY DE FINANCIAMIENTO: Normatividad que tiene convulsionado al país y en especial al ciudadano como al empresariado colombiano: ¿En qué Consiste?, ¿Cuál es su estructura?, ¿Qué propone? Y ¿Cuáles son sus consecuencias?

Por. Giovanni Argel Fuentes, Ph. D(c).

Giovanni Mejía

* El 28 de Diciembre de 2018, fue sancionada por el presidente Duque la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de esa fecha), que no es más que un instrumento legal que apoyará o incentivará el recaudo de recursos frescos para apoyar el gasto público creciente en Colombia. En sí ésta Ley es una iniciativa que tenía como objetivo enmendar el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación para el año, 2019, que se encontraba definido en 25,6 billones de pesos por el gobierno actual. La Ley se divide en siete (7) títulos. Dentro de esta se encuentran los cambios que tienen que ver con la renta, el IVA, los impuestos al patrimonio, al consumo y los dividendos; además incluye temas como la normalización de tributos, medidas que combaten las evasiones y el régimen especial para las mega-inversiones y Mipymes. Esta ley en su texto original permitiría recaudar 8,1 billones de pesos para el año 2019. Realmente se entiende la ley como una reforma tributaria disfrazada de proyecto de transformación estructural de la política fiscal y económica del país. Los ítems del texto se definen claramente en estos componentes, a saber (estructura original): 1. Impuesto sobre las ventas e Impoconsumo 2. Disposiciones de renta para personas naturales 3. Impuesto al patrimonio 4. Evasión tributaria 5. Medidas para la reactivación económica 6. Aumento del recaudo mediante la seguridad jurídica 7. Disposiciones finales Es de recordar que el hueco fiscal que tenía el país a la fecha para este año 2019 era de 14 billones de pesos presupuestalmente. Los planteamientos de la ley fueron establecidos, entre muchos, de la siguiente forma, con el fin de reducir al menos en un 46% el déficit estructural: • Se acogieron nuevas tarifas de impuesto a la renta para quienes ganan más de 33 millones de pesos mensuales. • Habrá impuesto para patrimonios líquidos de más de 5.000 millones de pesos. La tarifa será del 1 por ciento y será transitorio, es decir, por 3 años. • Habrá IVA plurifásico (es decir, en varias etapas de la cadena desde la producción hasta el consumidor final) para las bebidas azucaradas y las cervezas. • Para solucionar el problema de recoger este IVA en la etapa final, cuando se trate de tenderos o pequeños negocios, se acordó que este tipo de negocios, como se acogen al nuevo régimen Simple contemplado por la Ley de Financiamiento, no tendrán que pagar impuestos adicionales. • Se acordó nuevamente un periodo de normalización tributaria para los colombianos que tienen capitales en el exterior y que no han sido declarados en el país. En este caso, se incluyó un artículo que penalizará con cárcel a quienes hayan evadido impuestos por más de 8.600 millones de pesos. Quienes cometan esta infracción por debajo de esta cifra, no tendrán pena privativa de la libertad siempre que paguen y se pongan al día con los impuestos. • Quienes giren al exterior las utilidades obtenidas por sus empresas y negocios en Colombia tendrán que pagar un impuesto de 7,5 por ciento. • Los dividendos por encima de 10,2 millones de pesos tendrán que pagar un impuesto del 15 por ciento. • Habrá un impuesto al consumo para la venta de bienes inmuebles urbanos cuyo valor supere los 918 millones de pesos. Aquí están incluidos apartamentos, casas, lotes, bodegas, oficinas, etc. Se elimina este cobro para las ventas de lotes destinados a la construcción de vivienda VIS o VIP, así como para lotes destinados a equipamientos urbanos tales como hospitales, clínicas o colegios. • Habrá incentivos de exención en el pago de renta para las nuevas empresas de economía naranja que inviertan más de 150 millones de pesos en tres años y que generen al menos 3 empleos. • Habrá incentivos a los nuevos proyectos del sector agropecuario, quienes no tendrán que pagar renta por 7 años. Se permitió que los requisitos de capital puedan ser cumplidos en caso de productores y campesinos agrupados en cooperativas o asociaciones. • Habrá incentivo al turismo para la construcción de nueva infraestructura hotelera, y se extendieron los beneficios a proyectos como muelles náuticos, parques temáticos y proyectos eco y agroturismo. • Se adoptó una tasa adicional de renta para el sector financiero que tendrá un cobro gradual: 4 puntos para el primer año (2019) y tres puntos para los dos siguientes años (2020 y 2021).

Esta sobretasa tendrá un carácter temporal. Veamos un análisis más detallado: en el marco de la generalización del IVA, se planteó y ejecutó durante el año antes de la caída de la ley, exceptuando algunos consumos por servicios públicos, salud y educación; todos los productos y servicios serán gravados con el 18%. La ley propuso una dinámica sustancial de un IVA plurifásico y disminuido, pero en la realidad el costo de este impacto afecta significativamente en los artículos de canasta familiar por valor de $74.816 al mes, esto implica un aumento del 9,6%, el gobierno propone compensar con $49.734 mensuales a los hogares de pobreza extrema, es decir que ni siquiera le compensa el sobrecosto a los más pobres y vulnerables (datos tomados de artículo o informe reciente sobre la ley como reforma tributaria y su impacto en el gasto público en Colombia; elaborado por el profesor Jairo Villabona, Docente Asociado, Universidad Nacional de Colombia). Estos efectos, sustancialmente frenan el consumo agregado y destruyen de cierta forma la producción, lo cual asociado al creciente desempleo y recesión en la industria manufacturera como en el subsector vivienda (industria de la construcción); el desenlace será recesión sectorial e inestabilidad económica general grave. Anota también el trabajo citado (Villabona y Quimbay, 2019), “Otro punto importante de esta reforma es la disminución de los impuestos a las empresas, sin embargo este es otro aspecto que se constituye en una distorsión a la atención pública. En estudios muy juiciosos en la Universidad Nacional y tomando como base la información de los agregados de las declaraciones de renta de la DIAN, se demuestra que la tasa efectiva (real) de las empresas entre 2000 y 2015 en promedio fue del 17,3%, si se agrega la sobretasa de los últimos años, esta es cerca del 20.7%, si se quiere incluir el efecto del ICA y la seguridad social la carga fiscal asciende al 27,7%, muy inferior al promedio mundial, por ejemplo, en Japón de acuerdo a las cifras de Doing Business la carga fiscal que corresponde a los impuestos y aportes a la seguridad social es del 48,9%, en la OCDE 40,9% Estados Unidos 44,0% y Alemania 48,9%”. En Colombia la tasa nominal (teórica, la del código tributario), difiere mucho de la tasa efectiva (real), por cuanto existen más de 250 beneficios tributarios que hacen que los impuestos verdaderos que se pagan por las utilidades no son altos, como se quiere presentar, se les premia también a las empresas con la deducción del IVA en las compra de bienes de capital, esto fue otra fuente de evasión y elusión, le costó al Estado más de 4 billones en años anteriores”. De la misma forma, otra de las propuestas de la ley, es eliminar la renta presuntiva, favoreciendo los grandes capitales o a las grandes empresas y reduce los recursos para entidades como el SENA, ICBF, el Sistema de Seguridad Social en Salud, programas de atención a la primera infancia y algunas fuentes presupuestales para las instituciones de educación superior públicas. De otro lado se analiza en la propuesta que los grandes terratenientes con tierras improductivas no tendrán problemas, de conformidad con el valor que tengan sus tierras, nos eran afectadas con nuevos impuestos ni diferencialidades frente a la renta de la misma. El estudio de los profesores citados, indica a su vez que, “se incluye una amnistía tributaria, inconstitucional, que desestimula a los que habitualmente cumplen con sus obligaciones, nombrándola de nuevo como normalización tributaria, tanto para personas naturales como jurídicas, quienes puedan tener una nueva oportunidad de normalizar sus patrimonios ocultos si lo hacían presentando una declaración especial a más tardar el 25 de septiembre de 2019, y liquidando sobre tales patrimonios una tarifa única del 13% por concepto de impuesto de normalización tributaria. Además, si los patrimonios que se normalizarán están ubicados en el exterior, pero se decide traerlos a Colombia y conservarlos dentro del territorio nacional por lo menos durante 2 años, la tarifa se reduce a la mitad”. Esto implica por esta vía menos recaudo para los años 2020 y 2021, lo que generaría reducción en los ingresos tributarios y alto impacto en el gasto social. Finalmente el análisis, manifiesta que “el efecto perjudicial del IVA, genera un golpe muy fuerte principalmente a los trabajadores y quienes prestan servicios personales. Se cambia el sistema cedular, de cinco cédulas se pasa a solo dos, las primeras 4 cédulas de la renta ordinaria (cédula de rentas de trabajo, la cédula de pensiones, la cédula de rentas de capital y la cédula de rentas no laborales) empezarían a quedar reemplazadas por una sola cédula. En dicha depuración, a la cual ya no se le podrían restar los valores por rentas exentas por concepto de aportes voluntarios a los fondos de pensiones, ni a las cuentas AFC. Tal disposición es totalmente incoherente, ello implicaría que en el caso de una persona natural comerciante, a pesar de tener costos y gastos que equivalen al 75 % de sus ingresos brutos, solo podría restar costos de hasta el 35%, aumentando de forma ilógica la base gravable de su impuesto de renta. Lo absurdo es que las rentas de capital, las que generan dividendos, es decir de los más ricos, de los dueños de las grandes empresas y dueños de los grandes grupos económicos siguen o sin pagar impuestos o solo pagando el 5% o el 10%”. No se puede concebir un sistema tributario en donde un asalariado que gane cerca de $12 millones al mes, pague cerca del 33% de impuesto, mientras que el dueño de los bancos que puede ganar más de $100.000 millones al mes solo pague el 10% o quizás nada, si no hacen distribución de dividendos o si los pagan en acciones o si se los pagan a una de sus filiales. Es inconcebible que por ejemplo parte de la educación pública sea financiada en parte con los excedentes de las cooperativas y no con los billones de dividendos que reciben los grupos económicos. Si bien se entiende que es necesario estimular a la empresa colombiana, también es cierto que no es conveniente en este momento reformas que afecten más a la base social. Las políticas tributarias regresivas y diferenciales en desbeneficio del ciudadano y de las micros y pequeñas empresas (74% de los emprendedores colombianos) afectan sustancialmente a los pobres y en especial contrae más la demanda agregada y afecta al PIB, ni que decir del impacto en el desempleo regional y nacional. Termina el informe, anotando lo siguiente: “En lugar de proponer reformas regresivas permanentes, el gobierno, ahora que pertenecemos a la OCDE, debió considerar las políticas tributarias que aplican aquellos países, lo cual no afecta a los pobres y la clase media, tiene un impacto solo en menos del 1% de la población. Se debió proponer, por ejemplo, aumentar el impuesto a las herencias hasta en un 55% para herencias mayores de $2.000 millones como lo hace Japón, también aumentar los impuestos en los rangos de ingresos más altos si quiera a un 50% como se hace en muchos países de Europa en donde existe mayor calidad de vida. Se debió establecer impuestos progresivos para las empresas como lo hace Estados Unidos con tarifas desde un 15% hasta un 40% dependiendo de las ganancias, así mismo obligar a una actualización catastral y poner penas obligatorias privativas de la libertad para evasores y asesores, adicional a las multas y sanciones, como se hace en todo el mundo. Adicionalmente se debió eliminar giros hacia y desde paraísos fiscales incluido Panamá, en donde se considera que el 33% de la inversión financiera es de colombianos que ocultan sus patrimonios”. Por ejemplo. ——————————– Ahora bien desde la perspectiva del gobierno, el Ministro Carrasquilla en los últimos meses del año se había concentrado en defender el cabal cumplimiento del proceso que siguió el Congreso para aprobar esta norma, también decidió encender las alarmas al “expresar que si la Corte declaraba inconstitucional la Ley de Financiamiento, el costo para el país en los próximos 10 años sería cercano a los mil billones de pesos, esto basado en cálculos que han hecho desde el Ministerio. Según las estimaciones de Hacienda, existen dos factores que causarían este alto costo. El primero es el que tiene que ver con la seguridad jurídica, pues según el ministro “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni en una ley de financiamiento, dado que, cumplidos todos los requisitos como lo han certificado los secretarios tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado de la República, se cumplieron todos los procedimientos regulatorios y reglamentarios. Eso pasaría si eso no se sostiene”. El segundo estaría asociado a la falta de crecimiento, ya que para el gobierno dicha desconfianza sería una estocada para la inversión en el país, que costaría anualmente 1,5 puntos del PIB, por lo que el jefe de la cartera aseguró que no sería posible cumplir con las expectativas de dinámica económica pues “los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, desaparecerían”. Frente a lo anterior y la dinámica expuesta de orden tributario, suene o no con éxito la orquesta y sus canciones; lo cierto es que el país continúa a éste mes, (iniciando Diciembre de 2019), en una senda de Desempleo Progresivo, Pobreza Estructural sostenida, Impuestos Regresivos, Movilizaciones Sociales Inestables, Inequidad Absoluta e Incertidumbre Empresarial y Presupuesto Público en Educación aun insuficiente, entre otros aspectos.

 

Giovanni Argel Fuentes(*) Profesor Titular y Decano Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas. Universidad de Córdoba. Colombia.

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