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Foto ilustrativa tomada de Internet.

Opinión

El Derecho de Petición, un Derecho subvalorado

Por Manuel Contreras Herazo.

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Coordinador y supervisor jurídico

Consultora ZM

 

El derecho fundamental de petición, ha sido un derecho que ha tenido que ganar importancia en nuestro ordenamiento jurídico, travesía que encuentra soporte en el entramado normativo que coexiste desde la constitución de 1991 hasta la ley estatutaria 1755 de 2015 y el decreto 1166 del 2016. No obstante, su ineficiencia sigue siendo un problema que no radica en su aspecto formal; sino en la poca importancia que se le ha dado como derecho fundamental.

En consonancia con lo anterior, es pertinente resaltar que este derecho es una herramienta viva, que traza el horizonte hacia la materialización de otros derechos pretendidos por quienes hacen uso de él, su fuerza jurídica encierra un carácter particular y general que lo hacen una herramienta al alcance de todos, sin importar sexo, edad, condición o raza. En este sentido, es su singularidad lo que permite que toda persona sin excepción goce de él, como  garantía constitucional y medio eficaz para reclamar un derecho, presentar un reclamo o dar solución a problemáticas que tienen incidencia en la vida cotidiana.  Es este, un derecho subjetivo que tiene hospicio en la persona, abordado desde diferentes contextos y regulado a través de diferentes leyes para su efectiva aplicación material, en cumplimiento de su fin constitucional; en otras palabras, la importancia que de él se pregona, es lo que ha permitido su reconocimiento como derecho fundamental en garantía de las necesidades de la persona humana.

Así entonces, pese a su categoría, es un derecho fundamental que actualmente poco o nada importa a un gran número de agentes que intervienen en la relación jurídica “Usuario – Empresa y/o Institución”, porque a través del tiempo los prestadores del servicio lo han estimado como una hostilidad o amenaza jurídica que lastima sus intereses corporativos, por lo que se imponen cargas innecesarias a quien busca una solución pronta y oportuna. De ahí que, se demanda de toda empresa e institución pública y privada, la responsabilidad de asumir una postura diferente encaminada a dar solución de fondo a las necesidades de los usuarios, máxime en este periodo de extrema complejidad como lo es el aislamiento obligatorio, que ha traído consigo mucho inconformismo frente a la prestación de algunos servicios esenciales, como lo son los servicios públicos, servicios de salud; entre otros.

Se necesita entonces, rescatar la importancia del derecho de petición y darle el verdadero valor de derecho fundamental, para que haya más servidores que lo respeten, más ciudadanos que lo valoren, más instituciones que lo promuevan. En la medida en que esto se logre, se obtiene un importante avance social en la transformación de realidades que viven muchos ciudadanos, no solo del departamento de Córdoba, sino de toda la sociedad colombiana.

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