Síguenos en nuestras redes sociales

Sinú al Día

Foto: Revista Semana.

Nacional

Por seis casos de falsos positivos CIDH condena al Estado colombiano

Las muertes de Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez Jorge, Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Carlos Arturo Uva Velandia  ocurrieron entre los años 1992 y 1997  bajo la modalidad de falsos positivos, en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare, por ello  la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.

De acuerdo con un comunicado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que adelantó el proceso ante la CIDH, el Estado colombiano tendrá que realizar un acto público de perdón en el que reconozca su responsabilidad en estos hechos.

«Este fallo  desde ya representa un acto sin precedentes en las investigaciones que se adelantan sobre casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos en la misma CIDH, en la justicia ordinaria, en la Justicia Especial para la Paz -JEP y en la Corte Penal Internacional -CPI, donde las víctimas aún esperan que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición”,  advierte el  comunicado de Colectivo José Alvear Restrepo.

Falsos_positivos protesta

Foto: geoactivismo.org

Acerca de los casos se conoció que cada uno de los expedientes llegó de manera separada a dicha Corte, pero con el transcurrir del proceso se acumularon, lo que permitió que se estudiara a fondo el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en la década de los noventa.

“Si bien la Corte ha conocido otros casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es el primer fallo de un tribunal internacional en que se reconoce un patrón de comisión de falsos positivos”, Agrega el comunicado.

En el fallo, de 84 páginas, el organismo internacional halló “violaciones a las garantías y a la protección judicial por actuaciones contrarias a las garantías al juez natural, al plazo razonable y a la debida diligencia, causadas principalmente por las falencias y obstáculos de las investigaciones en el marco de la jurisdicción penal militar”.

Sobre este mecanismo de justicia exclusiva para los miembros de las Fuerzas Militares, en la providencia se menciona que entre 1992 y 1997 dicha jurisdicción avaló prácticas por fuera de la ley cometidas por los uniformados y que gozaron de impunidad.

“Al convalidar las versiones oficiales, al no realizar investigaciones exhaustivas de los crímenes y al denegar a los familiares de las víctimas el acceso a los procedimientos, la Jurisdicción Penal Militar no solo encubrió esos crímenes, sino que alentó la persistencia de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales de civiles”, indica el fallo.

Por este hecho, el Estado también fue condenado por las violaciones a la honra y dignidad de los familiares de los jóvenes asesinados, ya que desde que se perpetraron los crímenes, han mantenido una lucha en diferentes instancias para que se castiguen a los responsables y se revele la verdad de este episodio.

En tal sentido el fallo se convierte en un espaldarazo para los familiares de las víctimas que siguen a la espera que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Más en Nacional

Lo más leido

To Top