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Córdoba

Alcalde y exalcalde de Montelíbano se defenderán en libertad tras ser investigados por corrupción

El alcalde de Montelíbano, Francisco Daniel Alean Martínez, el exalcalde Gabriel Calle Demoya, así como Esteban Sossa Uparela secretario de infraestructura de Montelíbano y Jaime Ruiz Calle, gerente Empresa de Acueducto Jaguazul S.A. E.S.P. quedaron en libertad hoy viernes 14 de junio, luego que un juez de control de garantías de Montería negara la solicitud de la Fiscalía que les imputó  los delitos de, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación aborda  presuntas irregularidades de contratación que se habrían presentado durante las dos últimas administraciones municipales de Montelíbano desde 2012 hasta la fecha.

De acuerdo con los elementos recopilados, 51 convenios que contemplaban obras de relevancia para la población como redes de acueducto, malla vial y plaza de mercado, fueron adjudicados de forma directa, es decir ‘a dedo’.
Los convenios, cuyo valor ascendía a 59 mil millones de pesos, quedaron en manos de un pequeño grupo de empresas de economía mixta o asociaciones que acreditaban poca experiencia, de tal manera que, al parecer, terminaron por subcontratar con personas naturales la culminación de los proyectos previstos.

Según la legislación actual, las obras públicas no pueden ser entregadas mediante contratación directa, por lo que el proceder de los dos recientes alcaldes de Montelíbano (Córdoba) y varios de sus colaboradores sería ilícito, más aún, después de constatar que varias de las empresas o fundaciones escogidas no tendrían la capacidad para cumplir los
objetos de los convenios o serían de papel, porque no existen físicamente o las direcciones suministradas eran falsas.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, a las siguientes personas:
• Francisco Daniel Alean Martínez (alcalde actual de Montelíbano)
• Gabriel Calle Demoya (alcalde de Montelíbano periodo 2012 – 2016)
• Esteban Sossa Uparela (secretario de infraestructura de Montelíbano)
• Jaime Ruiz Calle (gerente Empresa de Acueducto Jaguazul S.A. E.S.P.)

 Ante la gravedad de los hechos advertidos y la contundencia del material probatorio, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cuatro procesados; sin embargo, el juez con funciones de control de garantías de Montería consideró que estas personas seguirán vinculadas al proceso mediante el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad que contemplan:
• Buena conducta, referida a no realizar convenios durante el proceso.
• No salir del país.
• No comunicarse con los testigos de la Fiscalía durante el proceso.
Para el juez Primero Penal Municipal de Montería, Rafael Zuluaga, los fines de la medida privativa de la libertad en centro carcelario no fueron debidamente justificados por la Fiscalía General de la Nación.

Según lo establecido por el juzgado, el ente acusador no logró demostrar con pruebas el por qué los hoy imputados podrían obstruir la justicia ni tampoco la forma en que representarían un peligro para la sociedad.

Con relación a la segunda línea investigativa que habría abierto la Fiscalía para establecer si en este caso cabe un presunto peculado por apropiación, el juez estimó que el ente acusador debía concluir dicha investigación  para posteriormente procesar y no quedarse en meras sospechas.

Pese a la decisión judicial que fue apelada por la Fiscalía, las personas antes mencionadas quedarán vinculadas al proceso por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y la asociación para la comisión de delito contra la administración pública.

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