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Córdoba

Por hacerle campaña a candidato jattinista 24 funcionarios de la alcaldía de Lorica serían investigados

Por presuntamente participar en política y apoyar la aspiración a la alcaldía del candidato jattinista  Luis José Álvarez, 24 funcionarios de dicha  administración  a cargo de la Chofy Jattin, La Procuraduría Genaral de la Nación abriría investigación en su contra.

La presunta participación en política de los funcionarios, fue denunciada por varias personas,quienes alertan a las autoridades acerca  de la situación.

De acuerdo con la denuncia el pasado 8 de junio hubo una concentración política  en el colegio Santa Teresita, obviamente en la actividad se promovió la aspiración de Luis José Álvarez a la alcaldía de Lorica, a través del cual la Casa Jattin que dirije la excongresista condenada por parapolítica Zulema Jattin, busca perpetuarse en el poder tras dos periodos sucesivos de continuidad.Pues bien la asistencia de los funcionario quedó registrada en varias fotografías y videos que posteriormente fueron divulgadas  a través de las  redes sociales..

 

Tras la denuncia cuyas pruebas fueron las mismas fotografías y videos publicadas, estás fueron borradas.

 

Entre los funcionarios denunciados y ahora en la mira de la entidad están secretarios de despacho, contratistas, coordinadores o jefes de áreas, y hasta docentes.

En el listado de citados figuran la secretaria de hacienda Sandra Doria Hernández, Leonardo Rada Segura, y Eduardo Espitia, secretario y profesional universitario de planeación respectivamente; también aparecen el enlace del programa Familias en Acción, Deivi Junco; el coordinador del Sisbén, Carlos Campos, el jefe de contrataciones, Miguel Burgos, también vinculado al escándalo del “Cartel de los estudiantes fantasmas”. Otro que aparece relacionado es Hernán Peralta, jefe de talento humano del Camu Santa Teresita, también controlado por el grupo político que lidera la exsenadora Zulema Jattin Corrales, a través de la directora, Adma Teresa Manzur Martínez.

 

En caso de hallar mérito, el organismo disciplinario podría proferir sanciones como destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por diez años a los funcionarios denunciados.

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